Canciller de Bolivia alerta contra planes de confrontación

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Las convocatorias de grupos opositores bajo la denominación de comités cívicos en siete departamentos enmascaran la actividad de sectores que pretenden imponer en Bolivia la radicalización y la confrontación, aseguraron hoy fuentes oficiales.

 

‘Los cabildos, las manifestaciones que realiza la población si es que son pacíficas pues nosotros las respetamos, sin embargo, hay sectores que están llevando al país hacia una radicalización’, afirmó el canciller, Diego Pary.

El jefe de la diplomacia de Bolivia precisó que tal es el caso del presidente del denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ‘quien genera confrontación, genera violencia y creo que eso no le hace nada bien al país’.

Camacho encabeza un paro en esa región y mantiene coordinaciones con grupos cívicos de otras seis ciudades -Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija- con la decisión de mantener la presión contra el resultado de los comicios del 20 de octubre con el pretexto de que existió un fraude, que hasta ahora no demuestran.

Estos grupos inicialmente reclamaban una revisión del conteo de las boletas, después pasaron a demandar una auditoría internacional, y ahora que ya están en Bolivia los técnicos de varios países para llevar a cabo esa investigación integral, reclaman la anulación de los comicios.

Más aún, tratan de imponer la matriz de unas nuevas elecciones sin la presencia del binomio del Movimiento al Socialismo Evo Morales-Álvaro García Linera.

Incluso ya tratan de equiparar al líder del proceso de cambio con el exvicepresidente del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada bajo la consigna de ‘ni Morales ni Carlos Mesa’, aspirante de Comunidad Ciudadana, segundo en los comicios con más de 10 puntos porcentuales de desventaja respecto al mandatario.

Pary criticó las acciones violentas de los grupos que enarbolan la consigna de la defensa de la democracia contra el presunto fraude electoral y que por la fuerza tratan de apoderarse de las instituciones públicas.

Los hechos violentos se desataron después que Mesa se atribuyó el derecho de disputar una segunda vuelta contra Morales y el Movimiento al Socialismo antes de que fuera publicado el resultado del escrutinio por el Tribunal Supremo Electoral.

Después exigió una auditoría internacional con la justificación de un supuesto fraude, y ahora exige desconocer los resultados de las elecciones generales.

Anoche, un denominado cabildo nacional, definió desacatar la convocatoria de Morales a una pausa en las movilizaciones hasta que concluyan los trabajos de la auditoría integral.

Una prueba de la actitud radical asumida por los líderes cívicos fueron los ataques llevados a cabo por grupos violentos que participaron en el cabildo y después trataron de llegar por la fuerza hasta la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo), situada en el kilómetro cero de la ciudad, con los correspondientes daños a la propiedad y el patrimonio público. .

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