Mayo de 2020: a un año de la activación del Título III de la Helms-Burton

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La Habana, 4 may (ACN) A un año de que la administración Trump activara, por primera vez en 23 años, el Título III de la Ley Helms-Burton, se han presentado 26 demandas, la mayoría contra empresas estadounidenses.

Los presidentes Clinton, Bush Jr y Obama, habían suspendido el apartado de 1996 a 2017, porque llegaron a la conclusión de que esta produciría un aluvión de demandas complejas en los tribunales de los Estados Unidos y causaría fricciones diplomáticas con aliados cercanos, según John Bellinger, quien se desempeñó como asesor legal del Departamento de Estado de Estados Unidos (2005- 2009).
En artículo publicado en su blog, Lawfare asevera que la activación del Título III por parte de la administración de Donald Trump ha tenido un efecto bumerán, causando sufrimiento legal y financiero a las empresas estadounidenses que no están realmente presentes en Cuba.
“Sostengo que la activación del Título III no ha logrado los objetivos de la administración y debe ser revertida”, dijo quien también fuera asesor asociado principal del presidente y asesor jurídico del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca desde 2001 hasta 2005.
Bellinger hace alusión a un artículo de opinión publicado en el National Law Journal, que señala que al permitir por primera vez las demandas, a partir del 2 de mayo de 2019, la administración pretendía presionar a los inversionistas extranjeros para que salieran de Cuba y, de ese modo, privar al país de recursos.
Dicho trabajo destaca la posibilidad de que también esperaran ganar puntos políticos al permitir que los estadounidenses -especialmente los cubano-americanos en Florida- demandaran a las empresas extranjeras en los tribunales de los Estados Unidos, pero el resultado real ha sido diferente, pues la mayoría de los demandados hasta ahora han sido empresas estadounidenses cuyas actividades afectan a Cuba sólo de forma menor.
La Ley define el «tráfico» de manera amplia para incluir no sólo cualquier «actividad comercial que utilice o se beneficie de otro modo de los bienes confiscados», sino también el «beneficio» del tráfico realizado por otros; además, impone sanciones draconianas a las empresas declaradas responsables de ello, manifiesta.
Los demandantes, que se encuentran entre las casi seis mil empresas y personas estadounidenses con demandas certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras (parte del Departamento de Justicia) a principios de los años sesenta, pueden cobrar el importe de su demanda certificada, más el triple por daños, los intereses de los últimos sesenta años y los honorarios de los abogados.
Se estima que otros 200 mil reclamantes sin reclamaciones certificadas también pueden ser elegibles para presentar demandas, alude.
Asimismo valora que las indemnizaciones individuales del Título III podrían estar cerca de los (o por encima de) mil millones de dólares.
Teniendo en cuenta el botín dorado al final del arcoíris del Título III, es quizás sorprendente que sólo se hayan presentado 26 demandas desde la activación de la disposición hace un año, plantea.
Refiere que las principales empresas estadounidenses que tienen las mayores reclamaciones pueden ser reacias a demandar al gobierno cubano (porque pueden tratar de hacer negocios en Cuba en el futuro) o a demandar a empresas europeas, canadienses o mexicanas (que son socios corporativos y que pueden aprovechar los «estatutos de bloqueo» aprobados por sus gobiernos que les prohíben cumplir con la Ley).
En cambio, los demandantes de menor cuantía pueden verse disuadidos por el costo y la duración de los litigios.
Cuando promulgó el Título III, el Congreso esperaba que los acusados fueran empresas no estadounidenses, como empresas cubanas, cadenas hoteleras europeas y operadores de telecomunicaciones mexicanos que arriendan o utilizan propiedades expropiadas a estadounidenses en Cuba. Pero la realidad ha sido muy diferente.
De las 76 compañías totales nombradas como demandadas en las demandas del Título III durante el último año, casi 50 han sido compañías estadounidenses, incluyendo American Airlines, Visa, Mastercard, Amazon, Travelocity, y Expedia (contra la cual hay seis demandas).
Además, ninguno de los demandados de EE.UU. está arrendando u operando propiedades en Cuba; algunos (como American Airlines) proporcionan viajes a la Isla con arreglo a licencias expedidas por el Departamento del Tesoro, mientras que otros (como Visa, Mastercard y Expedia) se limitan a proporcionar viajes o servicios financieros a las personas que viajan a este destino.
Asevera que los tribunales de los Estados Unidos tendrán que abordar ahora complejas cuestiones jurídicas, como la de si la tramitación del pago con tarjeta de crédito de un viajero a Cuba o el aterrizaje en un aeropuerto cubano constituye «tráfico».
Dada la amplia definición de tráfico, ¿puede haber varios acusados responsables de tráfico (reservar la habitación, procesar el pago, operar el hotel) para la misma propiedad cubana? Es probable que estas preguntas tomen una década o más para ser resueltas, tal vez en última instancia por la Corte Suprema.
Sentencia que la Administración Trump actuó precipitadamente cuando activó el Título III y ha terminado causando una carga legal y un gasto significativo para muchas compañías estadounidenses, apunta, a la vez que vaticina que los demandantes más creativos presenten más demandas.
La Administración debería ahora al menos explorar la posibilidad de suspender el Título III con respecto a las empresas estadounidenses y las empresas de países que cooperan con los Estados Unidos en la promoción de los derechos humanos en Cuba y otras esferas, aunque cualquiera de las dos medidas estaría abierta a graves desafíos jurídicos nacionales e internacionales, concluye.
Jr jafs cmb

Agencia Cubana de Noticias

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