Aunque la fecha busca sensibilizar a la opinión pública sobre la difícil situación de millones de niños que viven en países afectados por conflictos, este año el organismo llama la atención sobre el aumento de las violaciones graves sobre los menores atrapados en contextos de guerra.
De acuerdo con la ONU, los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de proporcionar protección y asegurar una educación de calidad, inclusiva y equitativa a todos los estudiantes, especialmente a los que se encuentran en situaciones vulnerables.
Este día, además, recuerda la necesidad de incrementar los esfuerzos y aumentar la financiación para promover entornos escolares seguros que sirvan de protección en las emergencias humanitarias.
«La educación no es solo un derecho humano básico en sí mismo, sino que es esencial para el ejercicio de todos los demás derechos humanos», aseguró a propósito de la fecha el secretario general de la ONU, António Guterres.
Los ataques contra la educación pueden tener graves repercusiones físicas y psicológicas a largo plazo tanto para alumnos como profesores.
Tambièn pueden interrumpir el aprendizaje, provocar un aumento significativo de las tasas de abandono escolar e impedir que los alumnos ejerzan su derecho a una educación de calidad.
El más reciente informe sobre los niños y los conflictos armados recopiló un desgarrador relato de la violencia padecida en 2023 por los menores en zonas de conflicto.
Por primera ocasión el informe constató la escalofriante cifra de 32 mil 990 violaciones graves contra 22 mil 557 niños, lo que significó un alarmante aumento de este tipo de incidentes en 25 situaciones de seguimiento.
Los peores escenarios se localizaron en Palestina, la República Democrática del Congo, Myanmar, Somalia, Nigeria, Israel y Sudán.
El reporte advirtió además por el efecto devastador de las armas explosivas en zonas pobladas, que no solo causan muertos y heridos, sino que también dificultan la entrega de ayuda humanitaria.
Como respuesta, las Naciones Unidas reclaman la adopción de todas las medidas posibles para proteger las escuelas, los alumnos y el personal docente de ataques, evitar las acciones que impidan el acceso a la educación así como el acceso al aprendizaje en situaciones de conflictos.
