Foto: Marcelino Hernández

“Se observaron en todas las provincias insatisfacciones por la insuficiente oferta y la calidad del servicio de transportación, impuntualidades e incumplimientos de itinerarios, paradas indebidas, maltratos a los pasajeros, condiciones inadecuadas en varias terminales de ómnibus, comercialización ilícita de boletines y apropiación del efectivo, así como no correspondencia del precio con la calidad del servicio que ofertan”, señala el informe presentado por María del Carmen Concepción González, presidenta de la Comisión.

Se comentó también que el coeficiente de disponibilidad técnica y de aprovechamiento del parque es inferior, como promedio, al 70% en todos los territorios. “Las piezas de repuesto, aceites y grasas, el líquido de freno y los neumáticos, presentan una situación compleja, aunque se jerarquiza en lo posible el mantenimiento preventivo”.

Los diputados insistieron que tanto la población como transportistas expresaron preocupación en la mayoría de las provincias por la elevada cifra de ómnibus Diana paralizados por neumáticos, baterías y accesorios, asunto que según se conoció posteriormente, ha ido gradualmente mejorando, no sin elevadas tensiones.

Se dio a conocer en la sesión de trabajo que la transportación de pasajeros planificada se cumple (95%) y decrece en un 9% con respecto al año anterior, siendo las principales causas la baja disponibilidad de medios, al no arribar en el tiempo previsto piezas y partes, problemas de disciplina y organizativos en las operaciones, así déficit de combustible, sobre todo en abril. “El mayor número de pasajeros dejados de transportar se observó en Santiago y Holguín, aunque en todos los lugares a los que llegamos, aun cuando se cumple el plan, la cantidad de personas esperando transportarse es elevada. Se conoció que la transportación a través de los puntos de embarque se incumple, existiendo choferes estatales que no se detienen para trasladar personal, asunto duramente criticado por el pueblo”.

Un tema reiterado desde fiscalizaciones anteriores, presente en la mayoría de los lugares visitados, es la mala situación de los viales en un número importante de vías, sobre todo las municipales, y no se apreciaron avances respecto a otros momentos.

Las condiciones de trabajo para los choferes están afectadas por condiciones desfavorables en comedores, baños, falta agua fría y los salarios, información recibida en Artemisa, Mayabeque, Cárdenas en Matanzas y Cienfuegos.

Otras quejas se vinculan a falta de ética y maltrato a la población, mala calidad en los servicios, ómnibus y baños sucios, incorrecto uso del uniforme, inconformidad con el precio del pasaje, desinformación de itinerarios y desvíos de rutas, indisciplinas de choferes, exceso de velocidad, parar fuera de paradas y música alta.

Al comentar sobre el panorama del sector en su provincia, Marci Reinoso Torres, diputada de Los Palacios, Pinar del Río, comentó que esperan con ansia que Pinar del Río cuente también con trenes hacia La Habana, lo que aliviaría los costosos gastos en lo que incurre la población de su territorio para trasladarse a la capital. Igualmente mostró su insatisfacción por el cambio de horarios de los carros de Ómnibus Nacionales.

Por su parte, José Castañeda de La Lisa dijo que, aunque la población reconoce los discretos avances de la transportación masiva en la capital, le preocupa su cuidado, pues “muchos choferes no lo hacen”. También insistió en la necesidad de completar las plantillas de choferes, pues muchos viajes no se dan por este tema.

Leidys Rierra, representante del municipio Guisa mostró preocupación por el mal estado de las vías en el Plan Turquino, así como la falta de condiciones en las terminales.

Robo de combustible, control de los recursos y transportistas privados

Comisión de Industria, Construcción y Energía. Foto: Darío Gabriel Sánchez/ Cubadebate.

La Comisión de Industrias, Construcciones y Energía centró sus debates en los resultados del control y fiscalización realizado al tema del combustible, flagelo que incide directamente en la situación económica del país, principalmente en entidades con acceso a ese recurso.

Al inicio de los debates se recordó el Acuerdo Número 34, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre del 2018, donde se dictaminaron 12 medidas a tomar para el enfrentamiento al robo de combustibles, de obligatorio cumplimiento por todos los actores del país.

En el periodo comprendido hasta la fecha, la fiscalización realizada por los diputados de la comisión de conjunto con la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), llegó a todos los territorios en 14 provincias, incluidos 53 centros que se consideran altos consumidores.

Sobre este tema, Ramiro Valdés Menéndez, Comandante de la Revolución y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, quien presidió esta comisión, enfatizó en la necesidad desde la base de combatir estos delitos y en que parte de la solución radica en el control de los propios directivos en cada centro de trabajo.

Inés María Chapman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, disertó en que no se chequea a profundidad el tema del robo de combustible, como se analiza el plan de la economía. Para la dirigente, si en las entidades se analizara diariamente el control de combustible, se sabrían dónde están las fugas, por las propias condiciones específicas de los territorios.

 “El papel del dirigente es fundamental, en la supervisión y el control. Si cada cual cumple lo que le corresponde, se pudiera cumplir el uso eficiente de los portadores energéticos”, enfatizó Chapman.

El diputado Enzo Borrego Sotomayor, de Santiago de Cuba habló de cómo la no permanencia de los energéticos en las entidades influye en su preparación a la hora de controlar el combustible. Habló de la falta del seguimiento del tema en las discusiones que se hacen en los centros laborales, además de la poca divulgación de las 12 medidas aprobadas.

Por su parte, José Cabrera, de Pinar de Río, quien funge también como secretario nacional del Sindicato de los Trabajadores de Energía y Minas, se refirió a la compleja situación energética del país. “Hay muchas cosas que nos tenemos que concentrar en hacer y hacerlas bien”.

Cabrera se refirió a como la inspección llevada a cabo por los diputados les da mayor peso a las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros. “Hay que concentrarnos más en el uso racional de los que nos dan, porque el país da lo que puede acorde a las prioridades; y, sobre todo, actuar sobre las entidades que se conoce que no tienen control sobre los portadores energéticos”.

Principales problemas detectados

  • Los análisis en los Consejos de Dirección del uso y el aprovechamiento eficiente de los portadores energéticos son poco profundos: se examinan datos estadísticos sin proyección.
  • Los planes elaborados para el enfrentamiento al robo de combustibles carecen de objetividad y divulgación.
  • Los trabajadores no conocen las medidas contenidas en el plan de riesgo de la entidad.
  • Se incumple el procedimiento para la adquisición, carga y uso de las tarjetas prepagadas para combustible, al serviciar varios equipos con una misma tarjeta.
  • En la Agencia AZUMAT (Cienfuegos) se autoriza la extracción de una misma tarjeta por varias personas
  • La página web de FINCIMEX no se utiliza como herramienta para el control de combustible en algunas entidades
  • Poco enfrentamiento de las desviaciones de los índices reales con respecto a lo planificado

Por su parte, Elaine Moreno, directora de la ONURE, dio a conocer los principales resultados de la inspección energética realizada, en donde fueron ejecutadas 15 mil 801 acciones de control, aunque la afectación económica ascendió a 312 mil 627 CUC y 1 millón 762 mil 754 CUP.

En la inspección a los combustibles se llevaron a cabo 241 acciones de control planificadas, de ellas el 39 por ciento fueron insuficientes. Las afectaciones por esta deficiencia ascendieron a 175 mil 256 CUC y a 134 mil 763 CUP. De los 4 mil 757 despachos realizados, 241 entidades no lograron justificar el total del consumo de diésel (5 %).

En este sentido, el 16 % de las inspecciones realizadas a los Consejos de Administración Provincial resultaron deficientes y el Ministerio del Transporte fue el organismo con mayor impacto en la afectación económica, incidiendo específicamente en la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

Chequeo de las medidas

Referente al control de las medidas para el enfrentamiento al robo de combustible, el informe de la ONURE señaló que ya se presentó al Consejo de Ministros el documento que dispone las indicaciones para que en los casos asociados a los combustibles, se apliquen siempre las medidas más severas.

Por su parte, el MITRANS solicitó facultar a los inspectores estatales del transporte a nivel nacional y provincial para que puedan aplicar el Decreto Ley 357/2018, que se refiere a las contravenciones personales en el ejercicio al trabajo por cuenta propia.

Para personalizar las tarjetas magnéticas por vehículos y responsables, se ha desarrollado un sistema que permite captar la chapa a través de intercambio vía FTPS.  Se pretende implementar que el 100 % de las ventas de combustible se realicen por tarjetas magnéticas, a través de un diseño gradual. Asimismo, se evalúa incluir en este sistema a los transportistas privados.

En este punto existen dificultades que merman la realización del proceso, como la falta de condiciones en muchos de los municipios del país, principalmente de estructura y logística; además para la utilización de tarjetas bancarias, se requiere conectividad telefónica en cada surtidor de combustible y no todos lo poseen y, por último, existe la figura del consumidor eventual (visitantes extranjeros) los que poseen tarjetas que no funcionan en Cuba.

No obstante, están previstas tres etapas que incluye en un primer momento al sector no estatal, en un segundo avanzar en los aseguramientos de conectividad en cada servicentro, y finalmente, desplegar la solución definitiva para el consumidor eventual.

En cuanto a la evaluación sistemática prevista, se han realizado 28 acciones conjuntas, de ellas 4 con resultados aceptables y 24 deficientes. Se cuantificó la pérdida de 328 mil litros de diésel y 9 mil 325 de gasolina.

Los Órganos de Control en sus acciones de comprobación en las unidades de expendio de combustible detectaron el rechazo por los trabajadores y los propios clientes en introducir el NIP de la tarjeta del usuario; desbalance de combustible entre faltantes y sobrantes; falta de preparación del personal; efectivo fuera de caja; vencimiento de las certificaciones de aforos y varas y condiciones que propician incendios.

Asimismo, se informó que el consumo de combustibles adquirido por los porteadores privados a través de tarjetas magnéticas ascendió a 2 millones 555 mil 425. 27 litros, de ellos adquiridos directamente en la red de servicentros 357 mil 425.27 litros.

Sobre la sustitución de las pipas excepcionales por servicentros rodantes, no se consideró en el 2019 ni en el 2020 la compra de ningún equipo destinado para este fin. Además, se continua con la certificación de los flujómetros y aforo de las pipas que continúan trabajando.

Por último, se trabaja en la implementación de la medida 12, referente a la reducción de hasta un 50% del combustible administrativo a las entidades que obtengan deficiente en las acciones de control. Por este dictamen se han rebajado hasta la fecha 111 mil 320 toneladas de combustible, equivalentes, de ellas, 85 mil 695 por bajo nivel de actividad, 24 mil 95 toneladas por deterioro de los índices de consumo y mil 530 por sobre consumo.

Además, el Ministerio del Interior realiza operativos de seguimiento a una selección de transportistas privados para comprobar la legalidad del combustible utilizado. Por estas acciones se recuperaron 5 mil 978 litros de combustible, de una afectación total de 72 mil 127 litros.

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