Medios locales destacan hoy la reiterada preocupación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por los procesos judiciales que el gobierno de facto de Bolivia lleva adelante contra exfuncionarios de la administración de Evo Morales.

La víspera la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en varios países, y reconoció que el país sudamericano atraviesa una crisis social y política.

Bachelet hizo énfasis en los procesos penales abiertos a exautoridades y otras personas relacionadas con el gobierno de Morales, situación denunciada en más de una ocasión como persecución política por parte del gobierno de facto.

Los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz están en calidad de asilados en la residencia de la embajada de México en La Paz.
En tanto otros dos extitulares, Carlos Romero y César Cocarico, están detenidos y responden a procesos judiciales que despiertan dudas respecto a la ausencia de pruebas concluyentes y el respeto al debido proceso, entre otras irregularidades.

A los casos anteriores se suma el de la abogada y apoderada del expresidente Morales, Patricia Hermosa, detenida tras su entrada al país para inscribir a su representado como candidato a senador en las elecciones generales del 3 de mayo.

Hermosa, en prisión en estado de gestación, es acusada de supuestos delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, en grado de tentativa, cargos, junto al de corrupción, imputados a otras de las exautoridades antes mencionadas.

La reocupación de Bachelet es compartida por otros funcionarios de la ONU como su enviado especial para Bolivia, Jean Arnaud, quien explicó que no deben suceder actos de persecución política y abuso de procedimientos judiciales en el actual contexto del país.

De igual manera opina el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, quien coincidió con Bachelet al calificar de «preocupante» la situación en el país andino-amazónico.

«Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales.[…]. Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso», escribió el funcionario en Twitter.

En un artículo publicado en El País, García-Sayán señaló que la administración de Áñez debió centrarse en organizar las próximas elecciones y ser puente de una transición democrática.
Pero en contraposición, observó el relator, enciende «la alarma internacional despertando memorias de oscuros momentos de la historia boliviana que parecían cobijados en un pasado lejano», auntó en referencia a las dictaduras militares.

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