Nuevamente la comunidad internacional apoyó la resolución presentada por Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, con un total de 184 votos a favor.

La nación norteamericana se quedó aislada en su empeño por desconocer las razones expuestas por la mayor de las Antillas, así como las afectaciones que genera su política unilateral hacia la nación caribeña.

Israel acompañó la posición estadounidense y se abstuvieron del voto tres países: Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.

El informe presentado en la mañana de este miércoles por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, abarca esencialmente el período comprendido entre abril y diciembre de 2020, etapa durante la cual el bloqueo continuó siendo el eje central de la política del gobierno de los Estados Unidos respecto a Cuba, recrudecido en el contexto de la pandemia.

Desde abril de 2019 hasta diciembre de 2020, precisó, el bloqueo produjo pérdidas de nueve mil 157 millones de dólares a precios corrientes, 436 millones mensuales de daños como promedio.

En el último quinquenio las pérdidas fueron superiores a los 17 mil millones de dólares y los daños acumulados en seis décadas alcanzan los 147 mil millones, y al valor del oro, un billón 337 mil millones, agregó.

El impacto psicológico que generan tales afectaciones en el contexto de la COVID-19 rebasa con creces cualquier cifra, expresó el Canciller.

Aseveró que de abril a diciembre de 2020, el gobierno estadounidense obstaculizó deliberadamente la importación de insumos necesarios para enfrentar la COVID-19.

En el período, el país no pudo acceder a un total de 32 equipos e insumos relacionados con la producción de candidatos vacunales contra la COVID-19 o con la ejecución de etapas que permiten la culminación de los estudios clínicos de la vacuna, entre estos, equipamiento para la purificación, aditamentos para equipos de producción, tanques y cápsulas de filtración, solución de cloruro de potasio, timerosal, bolsas y reactivos.

Cuba debió recurrir a otros proveedores como intermediarios, lo que supuso un incremento de precio, el que osciló entre el 50 y el 65 por ciento del establecido históricamente, dada la imposibilidad de contratar directamente al fabricante.

Como consecuencia, las afectaciones al sector de la salud ascendieron a 198 millones 348 mil dólares entre abril y diciembre de 2020.

También se denunció en la ONU la vigencia de 34 procesos judiciales al amparo del Título III de la Ley Helms- Burton, sobre la base del cuestionamiento del legítimo proceso de nacionalizaciones desarrollado por el gobierno cubano en la década del 60.

Respecto a la persecución financiera, fue calificada como “una despiadada cacería” que perjudica las transacciones con terceros países, la capacidad de pago y cobro y la posibilidad de acceder a créditos.

Solo entre abril y diciembre de 2020, las afectaciones monetario-financieras alcanzaron los 404,2 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 42 por ciento con respecto a la reportada en el período abril 2019-marzo 2020.

Asimismo, ha persistido la imposición de medidas coercitivas por parte de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a entidades de esa nación y de terceros países por supuestas violaciones del bloqueo.

Desde 1992 Cuba presenta en la ONU una resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, demanda que cada año recibe un contundente apoyo internacional.

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