Por: Lisandra Fariñas Acosta, Marcelino Vázquez Hernández
El evento, que se lleva a cabo del 5 al 7 de febrero en el Palacio de Convenciones de La Habana, reúne a más de 350 delegados nacionales de todas las provincias de Cuba y 41 extranjeros procedentes de países como Namibia, España, Alemania, China, Rusia, Italia, México, Venezuela y República Dominicana. Bajo el tema “La seguridad jurídica, un reto en el mundo contemporáneo”, el congreso se centra en la importancia de la seguridad jurídica para el desarrollo social y económico.
Durante sus palabras iniciales, Silvera Martínez subrayó que Cuba está inmersa en un amplio proceso de actualización de su ordenamiento jurídico, impulsado por las transformaciones aprobadas en la Constitución de 2019 y las necesidades de su realidad socioeconómica y jurídica. “Lo que solo es posible en el mandato constitucional de Estado Socialista de Derecho y Justicia Social que soberana y democráticamente decidió la inmensa mayoría de nuestro pueblo en el referendo del 24 de febrero de 2019”, agregó.
El congreso abordará una variedad de temas, incluyendo el derecho registral, el asesoramiento jurídico, la creación normativa, la cultura jurídica, el derecho notarial, la defensoría y la gestión de despacho de abogados. También se pondrá especial énfasis en la superación profesional, la igualdad de género, el derecho de asociación y la asistencia legal.
Silvera Martínez también destacó los retos que enfrenta el país, como la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. “A esa ilícita, irracional y abusiva postura del gobierno de Estados Unidos, responderemos siempre con unidad, valentía, inteligencia y respeto a nuestra soberanía”, afirmó.
Desde abril de 2019 hasta diciembre de 2024, se han aprobado un número significativo de leyes y decretos que impactan en todos los ámbitos de la vida en Cuba, incluyendo la reforma procesal y judicial del país: alrededor de 50 leyes y 116 decretos leyes a raíz de la asunción de la Constitución de la República en 2019.
“La actividad legislativa no tiene paralelos en otros momentos y solo es posible por la participación de un significativo grupo de directivos, juristas y especialistas de todas las instituciones del Estado y el Gobierno”, sostuvo.
En los profesores de las universidades del país, especialmente de la Universidad de La Habana, tenemos un relevante apoyo en el proceso de elaboración de las leyes y en la capacitación de nuestros profesionales, dijo.
De acuerdo con el ministro, a esa dinámica legislativa se une de forma impostergable la necesidad de lograr el cumplimiento de las normas jurídicas aprobadas. Es ese un objetivo que debemos cumplir todos, instituciones, actores económicos y las personas.
Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate
“En este propósito, el Ministerio de Justicia tiene una alta responsabilidad y lo tenemos que lograr con el cumplimiento estricto de nuestras funciones y en especial con el sincero desempeño del asesoramiento jurídico en todas las entidades estatales y no estatales del país para así garantizar la seguridad jurídica”, sostuvo.
“No renunciamos al desarrollo integral de nuestra sociedad bajo la del fortalecimiento del ordenamiento jurídico. El Ministerio de Justicia tiene un papel importante en este cometido porque es el asesor del Estado y el Gobierno en la creación de las disposiciones normativas”, añadió.
En este contexto, el Ministerio de Justicia asume una alta responsabilidad, comprometido con el cumplimiento estricto de sus funciones, especialmente en el asesoramiento jurídico a todas las entidades estatales y no estatales del país, para así garantizar la seguridad jurídica. Investigar y desarrollar el sistema del Ministerio constituye un deber profesional y un principio fundamental de su funcionamiento, explicó Silvera Martínez.
Comentó que la ciencia juega un papel crucial en los procesos institucionales relacionados con la informatización, la responsabilidad y las mejores prácticas en el desempeño profesional de los juristas.
“Los servicios jurídicos que se prestan avanzan de manera sostenida, en alianza con empresas de tecnología de la información, fortaleciendo la transformación digital de los procesos. Gracias a las aplicaciones informáticas en fases avanzadas de desarrollo, se han implementado cambios significativos en la gestión de recursos humanos y en los sistemas de control estadístico, además de introducir herramientas de inteligencia artificial que optimizan la agilidad y calidad de los servicios”, dijo.
Informó que el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, junto a sus presidentes, ha colaborado generosamente al donar 25 escáneres de alta gama a partir de marzo de 2024, lo que ha permitido la digitalización de cerca de 10.000 libros del Registro Civil. Este esfuerzo, junto con la inserción de folios en una base de datos, nos acerca a la meta de digitalizar 20 millones de folios para 2025, destacó.
El congreso incluye un programa científico que prevé 22 conferencias, 33 ponencias y 48 intervenciones distribuidas en 13 paneles, centrándose en asuntos notariales y registrales, el asesoramiento jurídico y legislativo, y la protección de derechos y garantías.
“El mejor resultado de nuestro congreso será el intercambio de ideas y saber entre los participantes y el conocimiento sobre nuestra realidad y la decisión del pueblo de construir y defender su propio futuro”, concluyó Silvera Martínez, enfatizando el compromiso de los juristas cubanos en la defensa de un ordenamiento jurídico sólido y actualizado.
Estuvieron presentes en el acto inaugural Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Óscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia de la República de Cuba; Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular; Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República de Cuba; Mayra Arevich, Ministra de Comunicaciones; José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos; Yvonne Dauzat, ministra de Justicia de Namibia; Alfredo José Luis Angulo, defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela; Maxim Beeskhmelnitsyn, viceministro de Justicia de la Federación de Rusia; Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España; Lili María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; y Alexis Ginarte Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
También, los magistrados de la Suprema Corte Constitucional de España, Juan Carlos Campo Moreno y Laura Diez Bueso, así como Alfonso Cavallé Cruz, presidente del Notariado de Canarias.
Toledo Santander: Legislar requiere la participación de múltiples actores
Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate
“Legislar es una actividad compleja que requiere la participación de múltiples actores”, afirmó el Doctor en Ciencias José Luis Toledo Santander en la conferencia magistral que impartiera en la jornada inaugural del IV Congreso Internacional Juriscuba. Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Toledo Santander se ha destacado en su carrera como jurista, habiendo sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana durante 18 años y fiscal durante 20 años en diferentes responsabilidades.
En su intervención, el Dr. Toledo Santander resaltó el papel fundamental del Ministerio de Justicia en la creación normativa en Cuba. En este contexto, subrayó que legislar implica crear, modificar o derogar leyes que regulan la sociedad, un proceso que exige la colaboración de legisladores, funcionarios gubernamentales y ciudadanos en general. “Legislar guarda una estrecha relación con la justicia social, la soberanía popular y la autoridad política”, enfatizó.
El jurista citó a filósofos como John Rawls, quien vincula la actividad legislativa a la protección de los derechos de los ciudadanos, y a Rousseau, quien asocia el proceso legislativo con la soberanía popular, lo que implica la participación activa de los ciudadanos en la creación de las leyes que los regulan. También mencionó a John Locke y Thomas Hobbes, quienes argumentaron que el legislado debe proteger los derechos de los ciudadanos y promover el bienestar colectivo.
En su conferencia, Toledo Santander dirigió su atención hacia los parlamentos, señalando que deben representar a la ciudadanía y gozar de autonomía e independencia en relación con otros órganos del Estado, y ejecutar un proceso de análisis y discusión de los proyectos de ley en sesiones abiertas al público.
Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate
“Crear leyes en un estricto apego al sentir democrático exige que el legislador cubano actúe siempre en función de los intereses del pueblo”, recordó, citando a Fidel Castro y subrayando que un diputado debe hacer todo lo posible por su país, sin volverse sectario ni pensar únicamente en su destino.
De acuerdo con la Constitución del Estado, ejercen las funciones de crear, modificar, interpretar y elaborar leyes, defendiendo y actuando a favor de los intereses y necesidades de la población, fijando los deberes y derechos de los ciudadanos, fiscalizando las acciones del gobierno, aprobando, realizando o modificando el presupuesto nacional, y designando, aprobando o rechazando los nombramientos de los funcionarios que se les someten, dijo.
En el análisis de la gestión del Parlamento, el foco de atención se centra en las reglas procedimentales y la organización legislativa, a partir de las cuales se intenta aclarar cómo afectan el comportamiento individual de los legisladores y, como consecuencia, los productos de la ley, refirió.
El 10 de abril de 2019, la Asamblea Nacional proclamó la Constitución de la República, a 150 años de aprobada nuestra primera Constitución, promulgada en el poblado de Guayama en igual fecha de 1869, recordó Toledo Santander.
Señaló que la vigente Constitución de la República de Cuba, resultado de un amplio ejercicio democrático que comenzó el 2 de junio de 2018. El proyecto fue sometido a referendo, donde el 90.15% de los electores asistieron a las urnas y el 86.85% votó a favor. “La Constitución vigente confirma el papel de la Asamblea Nacional como órgano supremo del poder del Estado, que representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana”, explicó.
El Dr. Toledo Santander también enfatizó que la Asamblea Nacional es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República y que su actividad personifica la voluntad de todo el pueblo. “La Asamblea Nacional encarna todos los sectores de nuestra sociedad: obreros, campesinos, intelectuales y científicos”, afirmó, subrayando su función como creadora del derecho.
Explicó que “el postulado constitucional que establece que la Asamblea Nacional del Poder Popular representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana constituye la primera manifestación concreta de la teoría de la representación, otorgando al Estado, como ente abstracto, una existencia corpórea a través de la Asamblea Nacional, encargada de expresar de modo inmediato su voluntad. Este carácter genuinamente representativo se acentúa por el hecho de que los diputados que la integran son personas del pueblo, elegidos por el pueblo y sometidos a su control. Solo así se puede calificar de legítimo el poder legislativo ejercido por la Asamblea Nacional del Poder Popular, al estarle atribuida la función más trascendental: hacer las leyes que sean expresión de la voluntad del pueblo”.
Desde 2019, se han aprobado 50 leyes y 116 decretos de ley, con un enfoque en la organización y funcionamiento del Estado cubano. Destacaron una nueva ley electoral y leyes sobre la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. También se han desarrollado 17 normas relacionadas con los derechos individuales, como la ley del proceso de protección de derechos constitucionales y la ley del proceso penal.
El cronograma legislativo para la actual legislatura, que abarca de 2023 a 2027, prevé la elaboración de 53 leyes y 29 decretos leyes. Para garantizar esta intensa actividad, se han establecido dos grupos de trabajo: uno coordinado por el Ministro de Justicia y otro presidido por el presidente de la República. “Los encargados de la redacción de las normas jurídicas presentan y debaten las políticas y disposiciones normativas que proponen”, indicó.
Toledo Santander también destacó la importancia de la participación ciudadana en el proceso legislativo. “Todas y cada una de las leyes se abren a este proceso de consulta con la población”, afirmó, citando ejemplos como el Código de las Familias y los anteproyectos de la Ley del Deporte y el Código de la Niñez, Infancia y Juventud.
La Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular regula el procedimiento legislativo y establece varias etapas, incluyendo la iniciativa legislativa, el dictamen de comisiones, la discusión del proyecto, la aprobación y la publicación. La iniciativa legislativa reconoce a órganos estatales, organizaciones sociales y a la ciudadanía su ejercicio, dijo.
En este contexto, los anteproyectos de leyes son trasladados a las comisiones correspondientes para evaluar su necesidad y fundamento. Además, son examinados por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos para verificar su conformidad con la Constitución y su adecuada inserción en el ordenamiento legal vigente, agregó.
Para alcanzar un consenso que facilite su aprobación, el presidente puede realizar sesiones de trabajo con los diputados, tomando en cuenta sus opiniones y propuestas. “Este amplio proceso legislativo debe caracterizarse por una amplitud de pensamiento que nos permita ser receptivos a cualquier opinión”, subrayó.
“Partiendo del conocimiento de la justeza de lo que hacemos, debemos tener presente como paradigma aquel pensamiento de Fidel expresado en la clausura del décimo período ordinario de sesiones de la tercera legislatura de la Asamblea Nacional en diciembre de 1991, cuando dijo: “Trabajemos por nuestros sistemas. Apliquemos consecuentemente nuestros principios y aprendamos a ser jueces de nosotros mismos. Sin temor a pedirle opinión a nadie, a los demás, a escuchar opiniones críticas, todo lo que se quiera y discutir todo lo que se quiera, pero debemos tener confianza en nosotros mismos”, señaló.
“Se trata, sin lugar a dudas, de un ejercicio tenaz y glorioso que demuestra el signo democrático que distingue el proceso legislativo cubano y nuestra permanente decisión de garantizar la participación popular en su realización. En esta labor constante de servicio público, trabajamos junto a nuestro pueblo en aras de alcanzar las más altas cuotas de justicia social, a pesar de las duras condiciones que nos imponen la permanente agresión del norte, que nos desprecia. A este desafío lo enfrentamos con firmeza y dignidad, pero como dijera el poema: “A pesar de los pesares, como sea, Cuba va”, concluyó Toledo Santander.
🇨🇺|Inició en el Palacio de las Convenciones de #LaHabana la IV edición del Congreso Internacional #JurisCuba.
— Oscar Silvera Martínez (@OscarCubaMinjus) February 5, 2025
Excelente escenario para el debate de temas prioritarios para el país, visto desde el ámbito de la ciencia y que propone estrechar sólidos lazos de colaboración#Cuba 🇨🇺 pic.twitter.com/5KG7I0XlNo
“Sin seguridad jurídica, solo impera el caos”
Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate
“Sin seguridad jurídica, solo impera el caos”, afirmó en la conferencia que impartiera en Juriscuba, Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
Gil Botero enfatizó que la seguridad jurídica es un pilar esencial para el desarrollo, y ha sido una preocupación constante para la COMJIB en su labor de garantizar y consolidar este principio en los países iberoamericanos.
“Queremos trabajar activamente en áreas como la depuración normativa, la calidad de las normas y el fomento del arbitraje civil, comercial y de inversión”, afirmó, señalando que estas tareas han sido encomendadas al Centro Iberoamericano de Arbitraje, creado bajo el impulso de la COMJIB, donde la organización actúa como socio de honor.
Durante su intervención, el secretario general también hizo hincapié en la importancia de la sentencia 17 de 1981 del Tribunal Constitucional español, que aborda la seguridad jurídica desde dos vertientes: la certeza y la previsibilidad. “Esta sentencia recoge lo que la doctrina ha señalado sobre la naturaleza sincrética y dual de la seguridad jurídica”, explicó, añadiendo que la existencia de normas que proporcionen un grado de previsibilidad en las relaciones sociales es esencial para el funcionamiento de la sociedad y del derecho mismo.
Gil Botero no eludió los desafíos actuales. Afirmó que la inflación normativa, que afecta a todos los sistemas legales de nuestros países, está erosionando el valor de la seguridad pública. “Esta producción incesante de leyes hace que el derecho positivo se torne casi inaccesible incluso para los especialistas”, advirtió, lo que ha llevado a muchos a calificar esta situación como una decadencia de la seguridad pública. En este contexto, dijo que la jurisprudencia y la doctrina deben recurrir a la tecnología informática y a las telecomunicaciones para hacer frente a esta avalancha legislativa.
La seguridad jurídica, según Gil Botero, no solo es un hecho, sino también un valor, actuando como un instrumento para alcanzar otros fines deseables para la sociedad y el derecho. “La certeza del derecho se traduce fundamentalmente en la posibilidad del conocimiento previo por los ciudadanos de las consecuencias jurídicas de sus actos”, subrayó, destacando que la publicidad de las normas es fundamental para afirmar la seguridad jurídica.
Con la llegada de la digitalización, Gil Botero planteó la necesidad de repensar las formas en que se garantiza la justicia. La incorporación de tecnologías avanzadas en los sistemas jurídicos plantea interrogantes sobre cómo armonizar esta innovación con los principios fundamentales del derecho. “Es crucial asegurar que las soluciones digitales sean no solo eficientes, sino también justas”, afirmó, advirtiendo sobre los posibles efectos adversos de la inteligencia artificial en derechos humanos fundamentales, como el derecho de defensa y el debido proceso.
En su discurso, Gil Botero recordó el “Libro Negro de la Humanidad”, que ya en 1970 planteaba preocupaciones sobre los tribunales electrónicos y advertía sobre un mundo donde la libertad estuviera decidida por máquinas. “Este libro es notable por su capacidad de prever y plantear interrogantes relevantes para el mundo actual”, comentó.
El secretario general también anunció que desde la Unión Europea se ha iniciado una revolución tecnológica para agilizar la cooperación jurídica y la justicia. En este marco, se ha creado la nueva plataforma IberRed, que permitirá perfeccionar el Tratado de Medellín y establecer un modelo avanzado para la asistencia legal mutua entre los estados iberoamericanos y el mundo, funcionando en tiempo real y de forma completamente digital.
Una defensa administrativa efectiva puede evitar conflictos judiciales
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y del Consejo General de Gestores Administrativos de España, destacó en el IV Congreso Internacional Juriscuba 2024 la importancia de construir una sociedad más justa y el papel crucial que desempeñan los gestores administrativos en este proceso.
Ollero subrayó que la relación entre los ciudadanos y la administración cada día se complejiza más y exige profesionales capacitados para traducir y defender los derechos de las personas. “No somos solo tramitadores. Actuamos como un puente entre ciudadanos, autónomos y empresarios, asegurando que nadie quede atrás”, afirmó.
La historia del colectivo se remonta al siglo XV, con la figura de los solicitadores, quienes ayudaban a la población a gestionar sus peticiones en la corte. Este legado ha evolucionado, y desde 1933, los gestores administrativos han sido reconocidos formalmente como intermediarios entre la ciudadanía y la administración pública.
Ollero enfatizó que la labor de los gestores administrativos va más allá de lo administrativo: “Contribuimos a construir una sociedad donde los derechos no se pierden entre papeles o el desconocimiento”. Sin embargo, también señaló que el mundo está cambiando, lo que demanda adaptaciones en la forma en que se gestionan estos derechos.
Un aspecto crucial que mencionó es la creciente complejidad de las obligaciones administrativas, que ha puesto en una posición más vulnerable a los ciudadanos y empresarios frente a decisiones administrativas. “Los gestores administrativos nos hemos convertido en la primera línea de defensa de los ciudadanos”, destacó.
El derecho a la defensa ha sido un tema central en la evolución legal en España, dijo.
🤝| El prestigioso jurista, DrC. @JosLuisToledoS1 Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la @AsambleaCuba y Premio Nacional de Derecho "Carlos Manuel de Céspedes", dicta la conferencia magistral
— Ministerio de Justicia de la República de Cuba (@Minjus_Cuba) February 5, 2025
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Aunque se reconoció en la Constitución de 1978, su implementación ha enfrentado múltiples desafíos. Recientemente, se aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, que busca modernizar y unificar las normativas, pero Ollero hizo hincapié en que aún queda mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a la defensa en procedimientos administrativos.
“En un estado de derecho, la defensa no debe limitarse a los tribunales. Numerosos procedimientos administrativos requieren una defensa técnica para garantizar que los derechos sean respetados”, explicó.
El papel de los gestores administrativos en el contexto europeo es fundamental. En países como Alemania y Francia, existen figuras profesionales que tienen un reconocimiento formal en la defensa de los derechos ante la administración. Ollero aboga por un reconocimiento similar en España, que permita a los gestores administrativos actuar de manera efectiva en esta área.
Una defensa efectiva en el ámbito administrativo puede, en muchos casos, evitar la necesidad de acudir a los tribunales. La resolución temprana de un conflicto administrativo beneficia al ciudadano y alivia la carga sobre el sistema judicial, mejorando la eficiencia global, apuntó.
Concluyó su intervención con un llamado a la acción, enfatizando que es esencial garantizar una protección integral del derecho a la defensa, que abarque tanto los procedimientos judiciales como los administrativos. “Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías”, afirmó, reafirmando el compromiso de los gestores administrativos de seguir trabajando por una sociedad más equitativa y justa.
La labor de los gestores administrativos, más que nunca, se presenta como un pilar fundamental en la búsqueda de una justicia social que garantice la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, dijo.
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