La jueza federal Indira Talwani impedirá que el Gobierno de Trump ordene a más de 530 mil personas de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela, amparadas con el parole, un beneficio migratorio que otorga estatus legal temporal, abandonar el país antes del 24 de abril, cuando los permisos serán cancelados.
El fallo emitido es un revés significativo en los esfuerzos de la actual administración por endurecer las políticas migratorias y en este caso desmantelar las medidas adoptadas en la era de Joe Biden (2021-2025) que buscó vías para la migración regular a Estados Unidos.
Durante una audiencia ayer, Talwani cuestionó repetidamente la afirmación del gobierno de que podía poner fin al parole humanitario para las personas de esos cuatro países.
Subrayó que los inmigrantes en el programa que están aquí legalmente se enfrentan ahora a la opción de “huir del país” o quedarse y “arriesgarse a perderlo todo”.
La magistrada advirtió que la explicación para poner fin al programa estaba “basada en una lectura incorrecta de la ley”.
Desde que comenzó su segundo mandato el pasado 20 de enero, varias de las órdenes ejecutivas de Trump han sido bloqueadas temporalmente por jueces federales, entre las más relevantes están su acción para eliminar la ciudadanía por nacimiento.
El 23 de enero, el juez federal John Coughenour describió la medida como «descaradamente inconstitucional» y la frenó a nivel nacional.
Trump también emitió una orden para prohibir la atención médica de afirmación de género a menores, que eliminaba la financiación para tratamientos de afirmación de género en menores de 19 años, a lo cual un magistrado le puso el semáforo en rojo el 6 de febrero.
El ocupante del Despacho Oval suspendió a través de una orden ejecutiva la ayuda exterior y actividades de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), así como la restricción de beneficios sociales para inmigrantes como Medicaid y asistencia alimentaria.
Además, el 13 de febrero un juez le puso el pare a una orden de Trump que permitía desviar fondos del Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo sin la aprobación del Congreso.
Otra medida bloqueada por un juez fue la que permitía despedir a más de 16 mil empleados federales y la del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -solo utilizada en tiempo de guerra- para deportar a migrantes, pero la Corte Suprema en sendas decisiones echó por tierra la opinión en tribunales inferiores y favoreció al Gobierno de Trump.
A propósito, los que ya tienen orden de deportación se enfrentan a otra vuelta de rosca. La administración Trump planea cobrar a cada migrante casi mil dólares diarios si no se marchan. Aquel que no pague la sanción diaria de 998 dólares también corre el riesgo de que las autoridades confisquen su propiedad.
Según reportes en medios locales, cerca de 1,4 millones de migrantes cuya expulsión fue ordenada por un juez de inmigración podrían ser sancionados bajo esta disposición que, además, podría aplicarse de forma retroactiva durante un máximo de cinco años, lo cual resultaría prácticamente una penalidad millonaria.
