La propuesta, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, no logró superar el procedimiento, al quedar a solo dos votos de ser aprobada, con un resultado final de 49 votos a favor y 51 en contra.
La iniciativa, formalmente denominada Resolución de Poderes de Guerra y presentada el pasado 16 de octubre, tenía como objetivo obligar al presidente Donald Trump a retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de cualquier hostilidad “dentro o contra Venezuela”, a menos que el Congreso emitiera previamente una declaración de guerra formal o una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés).
Tim Kaine, quien es miembro de los comités de Relaciones Exteriores y Servicios Armados, fundamentó la necesidad de la resolución en el riesgo de una escalada militar. Alertó que las operaciones encubiertas de la CIA y los ataques registrados contra supuestas “narcolanchas” –un total de 16 incidentes desde el 2 de septiembre, que han resultado en al menos 67 personas fallecidas– podrían derivar en una intervención terrestre sin la debida supervisión legislativa.
“Si la Administración considera necesaria una acción militar, debe someter una AUMF a debate y votación, en lugar de actuar unilateralmente”, afirmó Kaine, subrayando que el Congreso no debe ceder su autoridad constitucional en materia de guerra al Poder Ejecutivo.
El apoyo a la medida fue minoritario dentro del partido republicano. Solo dos de sus senadores, Rand Paul y Lisa Murkowski, se sumaron al bloque demócrata para respaldar la resolución. Esta falta de consenso bipartidista resultó determinante para su bloqueo, a pesar de que la votación se produjo tras una reunión informativa en la que varios legisladores consideraron insuficientes los argumentos legales presentados por la Administración Trump.
Al respecto, el senador Mark Warner, principal demócrata del Comité de Inteligencia, señaló que la opinión legal gubernamental “ni siquiera mencionaba a Venezuela”.
La resolución se enmarcaba en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que establece la obligación de los presidentes de informar al Congreso dentro de las 48 horas siguientes al despliegue de fuerzas en hostilidades y de cesar las operaciones a los 60 días si no media una autorización legislativa. Dicho plazo para las operaciones en cuestión expiró el lunes 3 de noviembre.
Mientras el senador Rand Paul criticó la falta de debido proceso en los ataques, cuestionando la ausencia de pruebas sobre la identidad y culpabilidad de las víctimas, funcionarios de la Administración Trump defendieron su postura argumentando que la ley de 1973 no es aplicable, ya que los ataques –ejecutados mayoritariamente con drones desde buques– se realizan a distancias que no ponen en riesgo físico al personal estadounidense.
Ante el rechazo, senadores como Adam Schiff y el propio Tim Kaine han anunciado que continuarán impulsando votaciones similares, denunciando la ilegalidad de las operaciones militares que se llevan a cabo sin la aprobación del Congreso.
(Con información de TeleSur)
