El presidente de Chile, Gabriel Boric, celebró este martes el acuerdo alcanzado por todos los partidos políticos para avanzar hacia una nueva Constitución que será plebiscitada en noviembre del próximo año.

Hemos dado un paso decisivo por una mejor democracia (…) el pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos el deber de estar a la altura”, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en la que detalló los alcances del nuevo proceso constitucional que deberá ser validado por el Congreso.

“Este paso dado por actores políticos de todos los signos aporta también a la construcción del Chile que queremos (…) agradezco el trabajo de los partidos políticos, todos tuvieron que ceder”, señaló.

Este es el segundo proceso constitucional que deberá enfrentar Chile, luego de que la mayoría ciudadana rechazara en septiembre pasado, en un histórico plebiscito, la propuesta que durante un año elaboró una Convención Constituyente.

Boric reconoció que esa fue una experiencia valiosa que dejó varias enseñanzas, como la necesidad de que haya paridad de género en el próximo Consejo Constitucional. Este tendrá 50 miembros que serán electos en abril a través del voto popular y en el que, además, se incorporarán escaños específicos para los pueblos indígenas.

Destacó también la creación de una Comisión de Expertos, que estará integrada por 24 personas que serán elegidas por el Congreso. Su rol será facilitar y asesorar el proceso, que culminará con un plebiscito en el que, otra vez, la ciudadanía tendrá la última palabra.

“Por eso la importancia de este acuerdo que busca abrir el camino para construir un marco de convivencia que permita reemplazar una Constitución que, transversalmente, estamos de acuerdo en que está agotada”, dijo en referencia a la actual Carta Magna que rige en el país y que es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989).

El repudio a la Constitución pinochetista fue una de las secuelas del estallido social que se registró en Chile a fines de 2019 y que sumió al Gobierno del entonces presidente, Sebastián Piñera, en una grave crisis. Por ello, convocó a un plebiscito, que se realizó en octubre de 2020, y en el que el 80 % de los ciudadanos votó en favor de que se redactara una nueva Constitución.

Luego, en mayo de 2021, vino la elección de 154 convencionales que durante un año elaboraron una propuesta que, finalmente, fue rechazada en el plebiscito del pasado 4 de septiembre.

Desde ese momento, los partidos se enfrascaron en una pelea porque el oficialismo advirtió que el mandato de redactar una nueva Constitución debía cumplirse, en tanto que la oposición de derecha y ultraderecha se abrogó el resultado del plebiscito como un triunfo propio y advirtió que, como mucho, solo aceptaría reformas a la actual Carta Magna.

Luego de tres meses de tensas negociaciones, los partidos llegaron a un consenso que denominaron Acuerdo por Chile.

Concesiones por derecha

En el documento, los partidos establecen 12 bases constitucionales que, entre otros aspectos, establecen que Chile es un estado “unitario y descentralizado” y que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos, una definición que exigían la derecha y ultraderecha.

También reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, “que es una e indivisible”. Esta es otra concesión a los opositores, ya que la ampliación de los derechos de los pueblos indígenas fue ampliamente resistida en el primer borrador constitucional. 

Otro de los puntos señala que Chile tiene tres poderes: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, que a su vez está compuesto por la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado, órgano que la primera versión constitucional que fue rechazada proponía eliminar.

La oposición conservadora impuso su visión en un acuerdo que advierte que Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida y “el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos”.

Estas premisas son una respuesta al primer borrador constitucional que tenía una visión más progresista, ya que ampliaba derechos sexuales y reproductivos y abría la puerta a la legalización del aborto y a la educación sexual integral.

Calendario

El Congreso debatirá esta semana las reformas necesarias para impulsar el nuevo proceso constitucional acorde con el calendario consensuado por los partidos.

Para llegar a una nueva Constitución, se crearán tres nuevos órganos.

Uno es el de la Comisión Experta, que integrarán 24 personas de una amplia trayectoria técnica y/o académica; que serán propuestas por el Congreso y que comenzarán a trabajar en enero próximo. 

Otro es el Consejo Constitucional, que estará compuesto por 50 integrantes que serán electos en abril próximo, en comicios que serán de voto obligatorio.

Las y los consejeros redactarán la nueva Constitución del 21 de mayo al 21 de octubre, pero no partirán de cero, sino que se basarán en el anteproyecto que elabore previamente la Comisión Experta.

Ambos órganos serán apoyados por un Comité Técnico de Admisibilidad en el que participarán 14 juristas que serán propuestos por el Congreso y que tendrán la tarea de revisar la legalidad de cada uno de los artículos.

El documento final será plebiscitado el 26 de noviembre.

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