La propuesta del Gobierno para desbloquear la renovación de Tribunal Constitucional ha levantado la indignación en los partidos conservadores.

La política española se ha visto acelerada en los últimos días. Desde partidos de la derecha se propone una moción de censura para echar al socialista Pedro Sánchez de la Presidencia del Gobierno, aunque el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), no respalda la iniciativa sabedor de que no cuenta con los apoyos necesarios.

Este movimiento se ha desencadenado después de que los socios de Gobierno estén llevando a cabo modificaciones legislativas en dos frentes. Por un lado, se quiere reformar el Código Penal para homologarse al entorno europeo y para seguir normalizando las relaciones del Estado con Cataluña. Por otro, se pretende desbloquear el Poder Judicial, casi paralizado por la obstrucción de la renovación de órganos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, o el Tribunal Constitucional.

De fondo se escuchan términos estos días similares a los que ya se utilizaron cuando Pedro Sánchez llegó por primera vez (junio de 2018) al Gobierno, precisamente por una moción de censura que desalojó al popular Mariano Rajoy de La Moncloa. “Gobierno ilegítimo” o “golpe de Estado” son algunas de las palabras gruesas que copan declaraciones de algunos de los líderes políticos de la oposición.

Moción de censura

La moción de censura fue planteada hace cuatro días por el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal. El pasado viernes, hacía una declaración institucional en la que animaba a otros partidos de su espectro ideológico a sumarse a su iniciativa. Este instrumento consiste en que la mayoría del Parlamento vote si quiere sustituir al actual presidente por otro candidato, sin que se celebren elecciones hasta que la legislatura se acabe, en este caso a finales del año que viene.

Para ello Abascal propuso que se acordase un candidato de consenso y neutral, aceptando no ostentar él esa candidatura. Inmediatamente Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, partido minoritario conservador, recogió el guante y se sumó a la propuesta.

De hecho, la prensa nacional recogió que de los contactos entre Abascal y Arrimadas se desprendía un nombre que presentar a la moción: Carlos García Adanero, un desconocido diputado hasta que a principios de año rompió la disciplina de voto de su partido en la votación de la reforma laboral propuesta por el Gobierno y fue expulsado de su formación junto con otro parlamentario.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha manifestado que su partido no se suma a la iniciativa de Vox porque no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para que sea aprobada. En opinión de Feijóo, es el momento de pedir elecciones anticipadas.

Reforma del Poder Judicial

La chispa que ha prendido esta mecha ha sido la reforma del Poder Judicial que ha planteado el Gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos, ante el bloqueo al que le somete el PP, que hasta ahora se ha negado a pactar la renovación de varios órganos.

En este punto en el foco se encuentra el Tribunal Constitucional, un órgano no jurisdiccional que se encarga de dictaminar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Parlamento.

El CGPJ tiene que elegir a dos magistrados del Constitucional que deben ser renovados. De los 18 miembros que actualmente conforman el Consejo, ocho vocales, todos ellos propuestos por el PP, llevan cinco meses alegando diversas excusas para no aceptar los candidatos propuestos por la mayoría progresista. El acuerdo entre ambas facciones es inexcusable porque la ley establece que los nombramientos se aprueben con una mayoría de tres quintos.

Situación similar vive el propio CGPJ, cuyo mandato lleva cuatro años caducado debido a la negativa del PP a negociar su renovación, que exige de una mayoría cualificada en el Parlamento, por lo que es indispensable el concurso del principal partido de la oposición.

Ante este escenario, el Gobierno presentó el pasado viernes una enmienda para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que rebaja la mayoría necesaria en el CGPJ para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional de tres quintos a un nuevo sistema en el que se elegirá a los dos magistrados que obtengan más votos. Además, se elimina la obligatoriedad de que la elección de los dos miembros elegidos por el Ejecutivo y la de los dos elegidos por el Consejo deba ser simultánea.

Los jueces conservadores se atrincheran

Los magistrados conservadores no querían dar el visto bueno a los dos magistrados elegidos por el Gobierno si el CGPJ no nombraba a los dos propuestos por ellos. Con la modificación introducida, el Ejecutivo se asegura el nombramiento de los dos jueces que propone, mientras que también saldrá elegido el candidato de los vocales conservadores y el de los progresistas.

El Consejo tenía previsto celebrar un Pleno el próximo 22 de diciembre. Sin embargo, ante la inminencia de la entrada en vigor de la modificación, nueve vocales del CGPJ solicitaron la celebración urgente de un Pleno extraordinario para intentar esquivar la reforma.

Sin embargo, esta estrategia puede que tampoco sea fructífera. Los magistrados conservadores llegarán, de momento, sin un candidato único, mientras que los progresistas necesitarán que al menos tres de los conservadores les apoyen para conseguir la mayoría de tres quintos requerida.

Batería de reformas aprovechando la eliminación de la sedición

Entre las principales críticas jurídicas vertidas sobre la propuesta de reforma del Ejecutivo se encuentra que no se ha tramitado de manera separada, sino en forma de enmienda a la proposición de ley que han impulsado los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición, lo que supone, según los detractores, que no ha contado con el suficiente análisis y reflexión.

Precisamente la modificación del delito de sedición, que desaparece del Código Penal español para ser sustituido por otro de desórdenes públicos agravados, también está en la base de los ataques que el Gobierno ha recibido últimamente.

Este delito es por el que fueron condenados en 2019 trece líderes independentistas catalanes como responsables del referéndum de autodeterminación ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017, con penas de hasta 13 años de prisión, como fue el caso del ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras.

La reforma de este delito, al igual que pasó con el indulto a los condenados tras pasar cuatro años privados de libertad, es uno de los gestos por los que el propio Sánchez apostó en aras de normalizar el clima político entre el Estado español y el Gobierno catalán, a la par que coadyuvaba para desinflar el sentimiento independentista en el seno de la sociedad catalana.

Sin embargo, desde ámbitos conservadores se ha considerado un premio a delincuentes y una concesión ante aquellos que quisieron ‘romper España’, a la vez que una invitación a volver a realizar los mismos actos ahora con menores consecuencias.

Llega la malversación

Sin embargo, lo que avivó más las críticas fue la introducción del debate sobre si era conveniente reformar también el delito de malversación, otro de los delitos por los que fueron condenados los líderes del ‘procés’ por haber utilizado dinero público para la organización y realización del referéndum.

La idea fue lanzada por el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Según explicó su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, se trata de diferenciar entre dos tipos de malversación, aquella por la que un cargo se enriquece y aquella en la que no se produce un beneficio propio, que, a su parecer, debería estar menos penada.

Si bien el debate sobre la sedición ha contado con posturas enfrentadas, pero defendidas ambas desde distintos sectores, en el caso de la malversación se ha encontrado con un rechazo de la mayoría de la sociedad. Es el caso de Unidas Podemos, el socio de Gobierno de los socialistas, que ya ha manifestado en varias ocasiones que no apoyarn este tipo de reformas para rebajar penas por un delito de corrupción.

Los próximos asuntos que deben dilucidarse en los tribunales

Aunque el problema catalán es un tema central en la política española desde hace años, ahora mismo es el tema judicial el que puede marcar el rumbo de esta y las próximas legislaturas.

El enconamiento del Partido Popular por no acceder a una renovación de las estructuras judiciales que reflejen la actual composición del Parlamento, incumpliendo la Constitución, se debe a que ahora mismo los magistrados que copan puestos claves fueron nombrados a su propuesta y le son afines.

En este escenario se prevé que en los próximos años se juzguen decenas de casos de corrupción que involucran a los populares desde el nivel regional hasta al más alto nivel, incluyendo a ministros del anterior gobierno o, incluso, al propio expresidente Mariano Rajoy.

Por la parte socialista también hay un interés especial, debido a que en los últimos años se ha procedido a una paulatina judicialización de la política en el país, con la presentación de recursos por parte del Partido Popular y de otras formaciones conservadoras contra la legislación progresista que se iba aprobando en las Cortes.

Así, el Tribunal Constitucional tendrá que decidir próximamente sobre asuntos como la ley del aborto, una ley promulgada hace ya 12 años por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que lleva todo este tiempo en un cajón del Constitucional, después de que diferentes ponentes no consiguieran consenso suficiente para su dictamen. El cambio progresista en este tribunal ayudaría a desbloquear la sentencia sobre este asunto.

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