El Decreto 161/2026 y la Resolución 161/2026 autorizaron a los productores a comercializar sin intermediarios obligatorios, mientras cooperativas y mipymes podrán realizar comercio exterior directamente, con formación de precios según oferta y demanda.
Se establecieron incentivos para la comercialización de insumos en divisas y la creación de mercados especializados, junto con la ampliación del Fondo de Fomento Agrícola y la constitución del Banco Agrícola para facilitar financiamiento al sector.
El Decreto-Ley 127/2026 y las Resoluciones 162 a 165/2026 actualizaron procedimientos para el sacrificio, comercialización y consumo de carnes de ganado bovino y équidos, simplificando trámites sanitarios sin descuidar la inocuidad alimentaria.
Se reconoció la prestación de servicios veterinarios por entidades estatales, no estatales y trabajadores por cuenta propia autorizados, además de nuevos canales de comercialización de productos cárnicos y normas para importación y exportación de artículos de sanidad vegetal y animal.
El Decreto-Ley 121 otorgó mayor autonomía a las cooperativas, con posibilidad de asociación con entidades estatales y no estatales, creación de cooperativas de segundo grado, participación en inversión extranjera y acceso a comercio exterior.
Los Decretos-Leyes 123 y 124/2026, junto con los Decretos 169 y 171/2026, regularon recursos zoogenéticos y fitogenéticos, incluyendo programas de mejora genética, trazabilidad digital, uso de herramientas moleculares, importación de material genético y creación del Banco de Germoplasma de Especies Acuáticas.
Los Decretos-Leyes 125 y 126/2026 y los Decretos 166, 170 y 172/2026 ampliaron capacidades productivas, al permitir que formas de gestión no estatal presten servicios de maquinaria, riego y asistencia técnica, además de fabricar equipos y piezas para sustituir importaciones.
Se actualizó la regulación sobre conservación y manejo sostenible de suelos, fertilizantes y biofertilizantes, con incentivos financieros para prácticas agroecológicas y la incorporación de resultados de investigación en la producción.
La Ley 185/2026 y el Decreto 175/2026 actualizaron el régimen de propiedad, posesión, sucesión y uso de la tierra, manteniendo su carácter socialista y ampliando las posibilidades de usufructo para personas naturales y jurídicas, cubanas y extranjeras, bajo condiciones establecidas.
Se reguló la construcción de viviendas como bienhechurías y se reconoció como trabajo en la tierra la gestión, administración y labores domésticas vinculadas a la producción, además de la labor productiva directa.
Las disposiciones aprobadas tienen como finalidad eliminar trabas históricas y dotar de mayor dinamismo al sector, de modo que la agricultura cubana cumpla su misión esencial: producir más alimentos y lograr precios más accesibles para la población.
