En respuesta al anuncio del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense realizado el 28 de octubre, el Ministerio de Comercio chino afirmó que en el país no existe trabajo forzoso.
La parte china señaló que los distintos grupos étnicos de Xinjiang disfrutan de libertad e igualdad en el empleo y tienen sus derechos laborales protegidos por la ley.
El Ministerio calificó las medidas estadounidenses de carentes de fundamento fáctico y acusó a Washington de utilizar el tema de los derechos humanos para aplicar políticas proteccionistas unilaterales y prácticas de intimidación.
China expresó su enérgica condena y firme oposición a estas acciones, según la declaración oficial.
El comunicado recordó que Estados Unidos incluyó recientemente a numerosas entidades chinas en la misma lista, ante lo cual Beijing presentó gestiones formales y adoptó contramedidas.
Asimismo, denunció nuevas normas restrictivas estadounidenses contra una empresa china del sector de la biomedicina y la tecnología, que, según afirmó, contradicen los consensos alcanzados por los presidentes de ambos países y perjudican la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
El Ministerio instó a Washington a detener la manipulación política, los ataques y las presiones injustificadas contra las empresas del país, y aseguró que adoptará las medidas necesarias para defender sus intereses.
Previamente la cartera subrayó que China, miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha ratificado 28 convenios de ese organismo y cuenta con un sistema jurídico laboral completo para prevenir y combatir el trabajo forzoso, afirmó la cartera.
Por su parte, Estados Unidos no ha ratificado el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 y rechaza someterse a normas internacionales, mientras instrumentaliza políticamente este tema, señaló en un comunicado anterior.
La región autónoma uigur, ubicada en el noroeste, es frecuentemente usada por Occidente para lanzar acusaciones contra Beijing sobre el presunto maltrato a las minorías étnicas, la existencia de trabajo forozoso y campos de reeducación.
China siempre rechazó esos señalamientos y aseguró que las políticas aplicadas en Xinjiang buscan combatir el terrorismo y la radicalización, pero también ayudar al desarrollo socioeconómico de su población.
