La iniciativa, impulsada por el primer ministro Christopher Luxon y el Partido Nacional, contempla la obligación de que las empresas tecnológicas verifiquen la edad de sus usuarios.
Aquellas compañías que incumplan con la normativa podrían enfrentar multas de hasta dos millones de dólares neozelandeses, equivalentes a alrededor de 1,2 millones de dólares estadounidenses.
La propuesta se inspira en la reciente legislación australiana, que ya restringe el acceso a redes sociales para menores de 16 años y es considerada una de las más estrictas a nivel mundial.
El primer ministro neozelandés defendió la seguridad de los niños como prioridad y dijo que las plataformas sociales deben asumir mayor responsabilidad en la protección de los jóvenes usuarios, por la creciente presencia de contenidos violentos o alarmantes en esas redes digitales.
De esta manera, Nueva Zelanda se sumó al debate internacional sobre la protección de menores en el entorno digital.
En Australia, la mayor defensa de la normativa se basó en la salud, con citas concretas a recientes investigaciones sobre los efectos de las redes en la generación más joven.
Siguiendo también el ejemplo de Australia, el gobierno de Indonesia reveló que estudia una hoja de ruta para prohibir el uso de las redes sociales a menores de edad en el país, con idéntico propósito de cuidar la infancia.
El tema es objeto de debate en varias naciones, en la actualidad.
