La magistrada del Distrito Sur de Nueva York que preside un proceso sobre la megaestafa por 251 millones de dólares, expresó su consideración al rechazar una solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión financiera, los llamados buitres, que persiguen vincular al Estado argentino con los activos que generó la criptomoneda $Libra, destaca este lunes el diario La Nación.
Al cerrarle la puerta a esos fondos, la jueza invocó un argumento de consecuencias impredecibles, al afirmar que el dinero estafado pueden tenerlo Milei, Karina, quien es la secretaria general de la Presidencia, y algunos impulsores de la criptomoneda falsa como Hayden Davis, más que el Estado argentino, advierte el periódico.
Luego de una serie de reuniones en la Casa Rosada desde 2024 y principio de 2025 con comerciantes de criptomonedas, Milei promovió en febrero pasado $Libra e inmediatamente un centenar de “traders” la compraron, para en poco tiempo desaparecer esa moneda digital y así generar una multimillonaria estafa.
Rochon sostuvo en su veredicto contra los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited que las pruebas presentadas por estos resulta insuficiente para probar que el dinero que generó $LIBRA fuera de la República Argentina.
Y afirmó que “las evidencias podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, quien habría conservado parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina”.
Los cuatro fondos buitres adquirieron bonos del default de 2001; ganaron un juicio en 2023 en la justicia británica que ordenó a Buenos Aires pagarles mil 500 millones de euros, y como el gobierno argentino no lo ha hecho iniciaron una ofensiva global para localizar activos que pudieran ser embargados, recuerda La Nación.
La jueza subrayó además que, aun si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el entorno del presidente Milei, los caminos más apropiados para investigarlos no serían los tribunales estadounidenses sino la justicia inglesa y la argentina.
Al objetar la demanda de los fondos internacionales, Rochon también mencionó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), según la cual la promoción de $Libra por parte del presidente debe considerarse una actividad personal, no oficial.
Y eso le valió a la magistrada, dejó una definición incómoda para la Casa Rosada: si el proceder del Presidente fue de carácter personal y no institucional, la sospecha es que el esquema podría haber tenido a Milei como beneficiario privado o a personas cercanas a él, y no al Estado nacional.
