La inspección detectó violaciones de los precios concertados por las administraciones locales y de los establecidos en la Resolución 225/2023 del titular del organismo, además de irregularidades en pizarras informativas, normas higiénico-sanitarias y uso de pasarelas de pago.
Se identificaron cuentas bancarias inmovilizadas y el ejercicio ilegal del trabajo por cuenta propia, según informó la entidad.
En total se realizaron ocho mil 263 inspecciones, de las cuales cinco mil 359 centros resultaron violadores.
Se aplicaron cinco mil 583 multas, de ellas mil 451 amparadas en el Decreto 30 y 380 en el Decreto Ley 91, con un importe general de 18 millones 728 mil pesos.
Entre las medidas adoptadas se registraron 42 decomisos, 482 ventas forzosas, 89 cierres de establecimientos y 305 enfrentamientos a actividades ilegales.
El ejercicio se integró a la estrategia nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción y las indisciplinas sociales, y reforzó la disciplina económica en el país.
De acuerdo con datos oficiales, desde julio de 2024 hasta finales de ese año se impusieron más de 600 millones de pesos en multas por violaciones de precios, mientras que en el IV Ejercicio Nacional, efectuado en septiembre de 2025, se priorizó el control fiscal y la gestión de cobro en vía de apremio.
El marco legal aplicado incluyó el Decreto 30/2021, que regula las sanciones por violaciones de precios y tarifas, y el Decreto Ley 91/2024, que establece contravenciones para trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas no agropecuarias.
El Ministerio de Finanzas y Precios destacó que estas acciones fortalecen la credibilidad institucional y contribuyen a contener la inflación y las prácticas abusivas en el mercado minorista.
