El programa, dotado con 20 mil euros, prevé la adquisición y financiación de paneles solares, inversores, reguladores y los componentes necesarios para su instalación, destaca una nota difundida hoy por los organizadores, a la que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias.
Los equipos, precisan, estarán destinados prioritariamente a entornos rurales y periurbanos, buscando fortalecer la resiliencia energética en comunidades con mayores dificultades de acceso, y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Como un segundo eje de colaboración, la iniciativa prevé además la transferencia de conocimiento para el desarrollo y consolidación de la Estrategia de Desarrollo Provincial de la capital, en colaboración con la Universidad de La Habana.
Este acompañamiento incluirá mentoría en gestión, apoyo formativo y asesoramiento técnico para la articulación de proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Beatriz González Prieto, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, señaló que el objetivo del proyecto es paliar, en la medida de sus competencias, los efectos de un bloqueo que el pueblo cubano sufre desde hace más de 60 años y que ha sido reiteradamente rechazado en el seno de Naciones Unidas.
La funcionaria advirtió que el reciente endurecimiento de este cerco ha tenido un impacto directo en el suministro de combustible, con consecuencias sobre el funcionamiento del transporte, los centros educativos, los hospitales y el abastecimiento de bienes básicos.
“Estamos ante una situación con implicaciones humanitarias evidentes. Desde el compromiso con los derechos ciudadanos y con el derecho internacional, consideramos necesario actuar”, subrayó.
La viceconsejera también realizó un llamamiento a los ayuntamientos asturianos que mantienen hermanamientos con municipios cubanos para que refuercen sus programas de cooperación descentralizada.
Por su parte, el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, resaltó su oposición al “régimen de terror que el gobierno de Donald Trump desde los Estados Unidos quiere imponer en la geopolítica internacional”.
Alertó que, cuando se procura eliminar el acceso a bienes esenciales para la supervivencia de todo un pueblo y se somete deliberadamente a una población al sufrimiento, eso tiene un nombre en el derecho internacional: crimen de lesa humanidad.
La actuación del Principado, señaló Ponte, responde a los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados y la prohibición de medidas coercitivas unilaterales que afecten a la población civil.
De acuerdo con la información, este programa constituye una primera fase de cooperación institucional que combina ayuda técnica y apoyo material, y que se inscribe en el compromiso del Gobierno del Principado con la Agenda 2030, la defensa del derecho internacional y la promoción de un desarrollo sostenible centrado en las personas.
