De acuerdo con la explicación del titular del sector, René Mesa Villafaña, el texto legal actualiza su precedente que databa de hace más de 30 años, en función de superar la dispersión normativa acumulada durante décadas e incorporar las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país.
Uno de sus propósitos centrales, señaló, es integrar en una misma regulación aspectos que hasta ahora se encontraban recogidos en numerosas disposiciones.
El máximo representante del renglón precisó que existían 127 normas de distintos tipos y nueve decretos-leyes relacionados con la vivienda, resultado de un proceso de regulación desarrollado a lo largo de los años.
Aclaró que la nueva legislación no se limita a reunir esas disposiciones: “Integra la producción, la gestión de la vivienda y sus urbanizaciones con un enfoque económico, legal, sociocultural y ambiental”, aseguró.
La Ley 187 está acompañada por disposiciones complementarias que desarrollan aspectos específicos de su aplicación.
Durante la Mesa Redonda se mencionaron tres decretos-leyes, entre ellos el relacionado con la propiedad horizontal y el reglamento de las cooperativas de vivienda, además de las resoluciones 15 y 16 del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, vinculadas con los procedimientos para emitir la certificación catastral.
Mesa Villafaña resaltó la importancia de estos instrumentos para regular conceptos y procedimientos que adquieren mayor relevancia en el nuevo marco, como la propiedad horizontal, las cooperativas y la gestión inmobiliaria de la vivienda.
La norma también se articula con otras legislaciones del país, entre ellas las relacionadas con los procesos administrativos, el ordenamiento territorial y la gestión del suelo, así como con la protección del patrimonio.
Según la información ofrecida, la ley cuenta con 16 capítulos y 190 artículos, además de 14 disposiciones especiales, siete transitorias y 16 finales.
En el trabajo participaron nueve organismos de la Administración Central del Estado, entre ellos los ministerios de la Construcción, Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Planificación, Finanzas y Precios y Turismo, además del Banco Central de Cuba y el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, añadió.
Durante el intercambio también se abordaron los cambios relativos a los derechos de las personas sobre sus viviendas, particularmente en materia de herencia y tenencia de más de un inmueble.
El ministro señaló que la nueva legislación contempla situaciones en las que una persona puede recibir otra vivienda por herencia y conservarla, así como determinados casos de personas que tienen una vivienda en el campo y otra en la ciudad.
Aclaró que se mantienen las condiciones relativas a las viviendas de veraneo en la playa que ya existen.
Estos aspectos forman parte de las novedades que deberán explicarse a la población, pues su alcance y aplicación dependen de las disposiciones concretas de la ley.
Al referirse a los pasos posteriores a su aprobación, el titular insistió en la necesidad de preparar a los Gobiernos locales, los operadores jurídicos y las entidades que participan en el programa nacional de desarrollo habitacional.
El conocimiento de la norma y su interpretación adecuada serán determinantes para orientar a propietarios, constructores y demás actores involucrados, reafirmó.
La ley, explicó, busca reducir trámites, ampliar la autonomía y ofrecer mayores posibilidades a la población y a quienes participan en la construcción y desarrollo de viviendas.
Sin embargo, “el éxito de la ley dependerá de la preparación que posea cada operador jurídico y del conocimiento de su alcance, a partir de su interpretación adecuada”, puntualizó.
Otro de los cambios abordados fue la salida de la vivienda del ámbito del Ministerio de la Construcción y su integración en un organismo que reunirá las funciones de ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda.
El ministro explicó que esta estructura permitiría articular las distintas etapas del proceso habitacional: desde la gestión de la inversión y los permisos de uso del suelo hasta la licencia de construcción y los procedimientos relacionados con la vivienda.
La integración, sostuvo, permitiría cerrar el ciclo de gestión dentro de una misma estructura institucional, la cual se encontraba antes demasiado dispersas entre diferentes organismos.
