El nuevo entramado responde al mandato constitucional de 2019 y al Código de las Familias de 2022, al reconocer a las nuevas generaciones como sujetos plenos de derechos y establecer mecanismos para hacerlos efectivos.
Entre sus principios rectores figura la consideración de los infantes como personas en desarrollo y sujetos de especial protección, con responsabilidad compartida entre familias, instituciones educativas y entidades estatales para asegurar entornos inclusivos y libres de violencia.
La estructura se organiza en siete subsistemas especializados: Educación, Salud, Protección frente a la violencia, Cuidado alternativo, Protección social, Prevención e intervención temprana, y Justicia penal adolescente, cada uno con funciones específicas para atender las diversas dimensiones de la vida infantil y juvenil.
En el ámbito de la violencia, el sistema dispone de servicios de apoyo, asistencia jurídica y atención psicológica, además de protocolos obligatorios en instituciones para la detección, denuncia y seguimiento de casos.
El cuidado alternativo garantiza el derecho a vivir en un entorno familiar mediante modalidades como acogimiento familiar o institucional, este último de carácter excepcional y temporal, siempre bajo decisión judicial.
La justicia penal adolescente prioriza medidas restaurativas y socioeducativas sobre las sanciones, con prohibición expresa de la pena de muerte y la privación perpetua de libertad, y separación de los centros destinados a adultos.
Las medidas de protección pueden ser administrativas o judiciales, desde acompañamiento familiar hasta separación del entorno, siempre como recurso excepcional, con derecho del menor a ser escuchado y participación de defensores y equipos técnicos.
La rectoría nacional corresponde a la Comisión de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, presidida por un vice primer ministro e integrada por titulares de 11 ministerios, con sesiones ordinarias cada dos meses para aprobar directrices, evaluar proyectos legislativos y garantizar la participación activa de los menores en decisiones que les conciernen.
En el nivel provincial, las comisiones son presididas por los gobernadores, mientras que en el ámbito municipal se prioriza la detección de riesgos y la recepción de quejas y denuncias, asegurando un funcionamiento articulado en todos los niveles.
Este entramado institucional constituye un paso decisivo en la protección integral de la infancia en Cuba y establece mecanismos de seguimiento y evaluación periódica para garantizar su eficacia.
