En un contexto de niveles persistentemente altos de violencia de este tipo en esa zona geográfica, se estima que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida.
La herramienta ofrece al sector de salud pública del área un instrumento práctico y basado en evidencia para evaluar los servicios en salas de emergencia y clínicas, identificar brechas críticas en la atención posterior a una violación y fortalecer la respuesta a uno de los desafíos de salud pública y derechos humanos.
Presentada en un seminario web sobre la mejora de la atención a mujeres sobrevivientes de violencia sexual, la nueva herramienta permitirá a los países traducir los compromisos regionales sobre violencia contra las mujeres en mejoras concretas en los establecimientos de salud.
Se trata de medir de qué forma los servicios responden a las necesidades de las sobrevivientes y orientando los próximos pasos para fortalecer la atención.
Cada mujer y niña agredida sexualmente merece atención de salud oportuna, sensible e integral, señaló Britta Monika Baer, asesora de la OPS en Prevención de la Violencia y Lesiones.
Dicha iniciativa es resultado directo de una amplia colaboración con equipos de los Ministerios de Salud y puntos focales regionales sobre la violencia contra la mujer, lo cual asegura se reflejen las realidades y necesidades operativas de los servicios de salud en América Latina.
En las Américas, donde las tasas de violencia sexual y física siguen siendo elevadas, la atención posterior a una violación, brindada de manera oportuna y compasiva, es fundamental para prevenir embarazos no deseados, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como proteger la seguridad y bienestar de esas víctimas.
La herramienta, la primera en su tipo, se basa en las directrices clínicas y normativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre violencia de pareja y violencia sexual, así como en instrumentos de aseguramiento de la calidad existentes de socios.
Luego la OPS adaptó estas directrices al contexto de la región, con un enfoque en los elementos centrales de la atención posterior a una violación y en las competencias de apoyo de primera línea.
Esta herramienta ha sido pilotada en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, en un proceso que incluyó una estrecha colaboración con los Ministerios de Salud, gestores de salud nacionales y subnacionales, y cientos de trabajadores de la salud.
