Con más de 30 años de experiencia en el Derecho y la Política Internacional, el profesor Enrique Loyola Vega, miembro de la Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional y su presidente en Villa Clara, declaró, en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias vía WhatsApp, que estas provocaciones carecen de basamento legal acorde a los principios de la disciplina.
El especialista explicó que los supuestos hechos delictivos se deberían juzgar por las autoridades competentes del Estado donde se cometen, en base al principio de soberanía de los pueblos, por lo que esta acción, sin intromisión externa, debería procesarse y juzgarse por autoridades judiciales cubanas y no por las estadounidenses, teniendo en cuenta que dichos sucesos ocurrieron sobre aguas jurisdiccionales.
Loyola Vega ahondó en el absurdo de la causa por este acontecimiento, aclarando que la decisión del derribo de las avionetas es un “Acto de Estado”, y los Estados son solo demandados por sus acciones ante los mecanismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que una persona individual no puede ser acusada al respecto.
Conforme a la desestimación del asunto desde el órgano de la ONU y su remisión a la la Organización de la Aviación Civil (O.A.C.I.), valoró que esto presupone que Cuba actuó acorde al principio de soberanía sobre las 12 millas náuticas y las otras 12 millas contiguas de su jurisdicción que reconoce el Convenio de Chicago del 7 de diciembre de 1944, que a su vez se legaliza con la Carta de las Naciones Unidas, y que las aeronaves habían violado su estatus de aviones civiles, y por ende perdido su protección especial que le daba dicha Convención.
La joven jurista Diana Mayo valoró que este acto contra el pueblo cubano sería para el imperialismo norteamericano como un equivalente al nuevo Maine (en alusión al pretexto de la voladura de ese acorazado utilizado por Estados Unidos para intervenir en las guerra independentista cubana) una simple justificación para legitimar una acción militar contra la isla, que es, al final, el objetivo que desde hace tantos años anhelan.
La presidenta de la delegación de base de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en el Ministerio de Justicia reafirmó a la Agencia Cubana de Noticias que absolutamente ninguna jurisdicción ampara a Estados Unidos para interponer ese ardid legal.
Valoró, incluso, como algo que llama especialmente la atención el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2016, el cual fue conducido por Raúl y en ningún momento se hizo alusión alguna a este cargo.
Esto solo muestra que es un pretexto que están utilizando movidos por motivaciones políticas muy marcadas, agregó.
El 24 de febrero de 1996, Cuba, en ejercicio legítimo de su soberanía y derecho a la defensa, procedió al derribo de dos avionetas de la organización contrarrevolucionaria”Hermanos al Rescate” que habían violado en reiteradas ocasiones el espacio aéreo de la isla.
Documentos desclasificados el pasado 19 de mayo revelaron en informes y correos electrónicos internos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) cómo altos funcionarios estadounidenses advirtieron que las recurrentes incursiones aéreas sobre el archipiélago podían terminar en una tragedia.
