El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, explicó que esta masiva cantidad de carburantes, valorada entre 200 y 400 millones de bolivianos, equivale a más de una semana entera de consumo para un departamento altamente productor como Santa Cruz, donde se requieren aproximadamente tres millones de litros diarios.
Durante la revisión informática efectuada a una semana de iniciadas las indagaciones, las autoridades descubrieron hasta nueve tipos de vulnerabilidades críticas, incluyendo “puertas traseras” que permitían a personas ajenas a la institución ingresar sin restricciones para simular ser funcionarios, autorizar despachos ilícitos o borrar sanciones a surtidores.
Entre los casos más insólitos expuestos figuran el del municipio cruceño de San Ramón, con 30.000 litros de diésel desaparecidos de forma inexplicable, y el de Puerto Paila en Cotoca, donde se desviaron 3.000 litros de gasolina mediante 28 facturas emitidas a nombre de una sola motocicleta, cuyos implicados ya cumplen 30 días de detención preventiva.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, confirmó la magnitud del desvío, advirtió que el sistema B-SISA operaba inactivo en estaciones irregulares y aseguró que se procesará penalmente tanto a civiles externos como a funcionarios actuales y de gestiones pasadas por robarle al país bajo una política de cero impunidad.
Pese a este panorama marcado por altibajos en el suministro y protestas sociales previas, el Ejecutivo ratificó que el abastecimiento nacional se encuentra garantizado mediante la optimización de los mecanismos de fiscalización.
