La entidad precisó desde su perfil en la red social Facebook, que la legislación vigente establece sanciones de siete a quince años de privación de libertad, y de diez a treinta años o cadena perpetua cuando el sabotaje ocasiona daños graves, accidentes, lesiones o pérdidas humanas, o se emplean explosivos.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, la totalidad de los condenados por estos hechos recibió sanciones superiores a diez años de prisión, según datos oficiales.
Además de las penas privativas de libertad, los responsables deben reparar económicamente el daño causado, incluyendo el valor del material sustraído y los perjuicios colaterales.
En Ciego de Ávila, dos personas condenadas por sustraer 50 mil tornillos fueron obligadas a pagar su costo íntegro.
La normativa restringe la libertad condicional, que solo puede solicitarse tras cumplir dos tercios de la sanción, y prohíbe la salida del país mientras exista responsabilidad civil pendiente.
El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) atraviesa una crisis marcada por frecuentes desconexiones que afectan a millones de personas en varias provincias, debido al deterioro de centrales termoeléctricas con más de cuatro décadas de explotación, la escasez de combustible y fallas en líneas de transmisión, por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.
Esta situación evidencia la vulnerabilidad estructural del SEN y la necesidad de inversiones para garantizar estabilidad y seguridad en el suministro.
